Hacia finales de los ochenta ya quedaban muy pocas dudas sobre el carácter corrupto del régimen fujimorista. Las denuncias eran cada vez más frecuentes y cada vez daban cuenta de que el entonces presidente de la república y su poderoso asesor eran los capos de una mafia enquistada en el Estado. El tiempo solo confirmó todo ello. Justamente en ese escenario y en el marco de un régimen que había desarrollado un proceso político de sometimiento de las instituciones públicas llamadas a controlar el poder, es que alentaron un esquema de medios de comunicación cuya línea editorial garantizaba el apoyo al régimen a cambio de pagos de dinero y que tuvo en los llamados diarios chicha la máxima expresión de una forma de hacer política cuyo objetivo era la degradación del opositor y de la opinión pública como destinataria de sus informaciones. Las campañas estrictamente difamatorias y vejatorias fueron el pan del día –o mejor dicho los titulares del día-.

La llamada prensa chicha no fue un fenómeno comunicacional, fue una invención del fujimorismo para garantizar un objetivo político tan concreto como subalterno: la re reelección de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales del año 2000.

No fue un suceso aislado. Todo lo contrario. Fue parte de un plan, el mismo que hacía finales de esa década ya había cumplido buena parte de sus metas (control de las FFAA y de la PNP y de los aparatos de inteligencia, control del Congreso, del Poder Judicial y Ministerio Público, control del Tribunal Constitucional, etc. Etc.) y que necesitaba –a como dé lugar- garantizar la permanencia en el poder de aquellos que habían diseñado y alentado la ejecución de dicho plan, a través del cual habían garantizado el cumplimiento del principal objetivo del mismo: la sustracción sistemática de fondos del tesoro público. Por eso los diarios chicha y ese tipo de prensa eran fundamentales en aquellos momentos. El régimen fujimorista necesitaba ser muy agresivo con sus opositores, porque necesitaba eliminar al contendor que estaba a punto de develar la corrupción monumental que luego se descubrió y todos los otros crímenes contra los derechos humanos que también pretendían ocultar.

El plan criminal de desvío de fondos al SIN

Entonces, es a partir de una necesidad política del régimen y del entonces presidente Alberto Fujimori –y para todo efecto el jefe de la organización criminal- que se decide implementar un plan de desvío sistemático de fondos de las FFAA hacia el Servicio de Inteligencia Nacional –SIN- para garantizar con ello la compra de la línea editorial de los medios de comunicación y el pago a los propietarios y periodistas de esos medios.

Este hecho nos permite identificar algunos elementos que nos deben ayudar a entender de mejor manera la responsabilidad de Alberto Fujimori.

a. El desvío de fondos desde los institutos armados hacia el SIN se efectuó sobre la base de un modus operandi que ya se venía desarrollando y que tenía al SIN como entidad receptora y al asesor Montesinos Torres como el “administrador” de esos fondos obtenidos ilegalmente. El régimen fujimorista había consolidado un sometimiento corrupto de las FFAA y de la PNP.

b. Como en otras circunstancias Vladimiro Montesinos es el gran operador de este plan. El Comandante General del EP José Villanueva Ruesta, el ex Ministro de Defensa Carlos Bergamino Cruz, el ex Comandante General de la FAP Elesbán Bello Vásquez y el ex Jefe del SIN Humberto Rozas Bounicelli han reconocido en juicio el papel que cumplió este personaje.

c. Los comandantes generales del Ejército Peruano y de la FAP simplemente cumplieron con la disposición de desviar fondos hacía el SIN. Este desvío de fondos se debía desarrollar cada mes y cada vez que se acercaba las elecciones generales de 2000 la cifra del desvío fue aumentando de manera considerable.

d. El desvío de fondos tuvo un carácter sistemático. Ello determina que se montó una organización para garantizar la continuidad del evento criminal. La fiscalía sostiene que se desarrolló desde el 1999 hasta el año 2000 y que en ese tiempo se desviaron ilegalmente 122 millones de soles.

e. Tras el desvío de fondos de las FFAA Montesinos ya había montado una red de operadores –entre los que siempre destacó Alfredo Bresciani- que eran los que tenían el contacto directo con los directores y periodistas de los medios de comunicación. El sistema era muy simple. Montesinos era que el aprobaba las carátulas y el contenido de las notas periodísticas de los medios de comunicación y luego se pagaba en efectivo, claro está. Matilde Pinchi Pinchi ha declarado que ella realizó pagos por orden del asesor para favorecer la re reelección de Fujimori.

f. Todos los altos oficiales de las FFAA reconocen que la orden provino del ex presidente Alberto Fujimori y que si bien fue Montesinos el que la comunicó, en diversas circunstancias el propio Fujimori se encargó de ratificarles dicha orden y como consecuencia de ello la cumplieron. No pudo ser de otra manera. El presidente de la república era la única persona que podía generar esa disposición.

g. La re reelección de Alberto Fujimori garantizaba la continuidad del proyecto político corrupto y de la organización criminal que lideraba. Por lo tanto es simplemente improbable que haya sido ajeno a todo ello.

El desvío de millonarios recursos de las FFAA hacia el SIN para que sean utilizados en comprar la línea editorial y a los propios dueños de los medios de comunicación resulta ser una acción extremadamente pública, y siendo más aun el objetivo de aquella el garantizar la re reelección de quien era el presidente de la república, entonces todos los elementos probatorios apuntan de manera uniforme a demostrar que la orden provino del Presidente de la República. La evidencia es determinante para señalar que se trata no solamente de una responsabilidad por el conocimiento que debió tener el Jefe de Estado sobre este suceso criminal de carácter sistemático, sino que estamos ante una responsabilidad penal como autor del delito, porque el mismo se cometió como consecuencia de la orden que dictó.

El juicio contra Alberto Fujimori

El 14 de setiembre de 2012 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Chile emitió sentencia ampliando la petición de extradición presentada por el Estado peruano para facilitar el juzgamiento de Alberto Fujimori por el caso de los llamados diarios chicha. En realidad Fujimori debió ser juzgado junto con Montesinos, los ex comandantes generales del Ejército y un grupo de periodistas acusados por el delito de peculado por el desvío de fondos públicos desde las FFAA para pagar a los medios de comunicación chicha, pero ello no ocurrió porque Fujimori estaba prófugo de la justicia en Japón.

El año 2005 la Sala Penal Anticorrupción de Lima condenó no solo a Montesinos Torres, sino también a los ex comandantes generales Villanueva Ruesta, Bello Vásquez, Ibárcena Amico, al ex jefe del SIN Rozas Bounicelli y los civiles José Olaya Correa, Alex y Moisés Wolfenson. En ese juicio por un lado se demostró la comisión del hecho delictivo, pero–además- se sentó las bases de la prueba del delito para el actual contra caso Fujimori.

La condena que se viene

Hasta ahora resulta inexplicable la errática y disparatada estrategia legal que sigue la nueva defensa de Alberto Fujimori. En los anteriores casos de corrupción la anterior defensa de Fujimori decidió acogerse a la conclusión anticipada (aceptar responsabilidad criminal al inicio del juicio) y con ello evitar una exposición mediática sobre las razones y circunstancias de la comisión del delito y el rol que el procesado ha cumplido. En este caso la nueva defensa ha decidido enfrentar el juicio porque “las pruebas son endebles”. Capaz cuando dijo eso aun no había revisado el expediente del caso.

La siguiente acción fue la recusación de todas magistradas Aisa Mendoza, Abigail Colquicocha y Carolina Lizárraga bajo el argumento de que no son ni independientes ni imparciales. El asunto que –más allá de que la primera sea la esposa del ex fiscal Avelino Guillén- no existe ninguna evidencia de lo que les imputa. Lo hizo pocos días antes de la fecha de inicio del juicio con el evidente propósito de dilatar el inicio del juicio oral. Hoy el abogado Castillo Dávila se debió dar cuenta que esa maniobra no le sirvió de nada, porque el tribunal derivó la decisión de la recusación a otro tribunal penal, pero dio inicio al juicio oral. Eso –judicialmente- es una derrota.

En la sesión de inicio del juicio oral el abogado Castillo ha agregado dos acciones para –supuestamente- evitar que la Sala Penal Especial de Lima desarrolle este juicio. La primera ha consistido en señalar que el tribunal que ha iniciado el juicio es incompetente. Dice el abogado de la defensa que como los hechos delictivos se cometieron cuando el acusado era presidente de la república por lo tanto le corresponde ser juzgado por un tribunal de la Corte Suprema de Justicia. El pedido es ilegal y por ello varios le han recomendado al abogado leer atentamente la Constitución Política del Perú.

La segunda acción ha consistido en alegar que Alberto Fujimori ya ha sido condenado por un caso de medios de comunicación y por lo tanto este nuevo juicio es una repetición que no debe prosperar. El abogado miente y como “Pepe el vivo” quiere sorprender al tribunal y a la opinión pública. Ciertamente Fujimori ha sido juzgado y condenado por el peculado –desvío de fondos desde el Ejército- para la compra de Cable Canal de Noticias. Pero ese es otro evento criminal absolutamente diferente al caso de los diarios chicha. Los une la misma voluntad criminal pero son hechos completamente distintos.

Finalmente, es seguro que la nueva defensa es la que ha decidido presentar a Fujimori bajo el aspecto físico en que se ha presentado. Creo que la cosa es muy concreta: quiere presentarlo no como un acusado sino como una víctima del sistema de justicia. Me inclino a pensar que durante el juicio pretenderá mostrar a un Alberto Fujimori desaliñado y “nuevamente” enfermo para que en el momento que sea condenado –un hecho realmente inminente- de seguro levante el falso argumento de que el Poder Judicial ha cometido un nuevo abuso contra su cliente.

Si esa es la estrategia que Fujimori se preocupe, porque ese tipo de maniobras neo montesinistas ya no funcionan. Pronto Fujimori será nuevamente derrotado judicialmente y condenado.