La sentencia del 20 de julio, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la matanza de Barrios Altos, pretendió convertirse en un punto de quiebre en la intervención de la Suprema en los casos de graves violaciones a los derechos humanos generando un nuevo mecanismo de impunidad, pero hasta la fecha lo que ha logrado es todo lo contrario. No solo ha puesto en evidencia la existencia de un sector de magistrados plenamente dispuesto a hacerle el juego a los condenados por crímenes de lesa humanidad, sino que ha aumentado el descrédito del Poder Judicial y ha colocado al Perú al borde de un nueva decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acuse el incumplimiento de nuestras obligaciones internacionales.

De hecho al momento de escribir esta nota a la expulsión del procurador del Poder Judicial Segundo Vitery se debe sumar la renuncia del procurador supranacional Oscar Cubas. Pero si bien desde el día de la audiencia en la Corte de San José las responsabilidades, las miradas y las críticas han estado concentradas en la actuación de los ahora ex procuradores, no debemos perder de vista que el problema no son los procuradores, sino la sentencia de la sala presidida por el magistrado Villa Stein.

El “terremoto” de San José

Luego que las organizaciones de derechos humanos en representación de los familiares de las víctimas solicitamos a la Corte convoque para verificar el cumplimiento de la sentencia de marzo de 2001, el Estado peruano fue convocado parar formular en audiencia pública su defensa. Eso ocurrió el lunes 27 de agosto y todos fuimos testigos de excepción de la forma lamentable que Perú se defendió exponiendo dos posiciones no diferentes, sino abiertamente contradictorias. El procurador Cubas dando cuenta de la acción de amparo que el Poder Ejecutivo había presentado contra la sentencia de la Corte Suprema y el procurador Vitery señalando que esa misma sentencia había cumplido con las obligaciones internacionales del Estado peruano y solicitando que la Corte declare cerrado el caso Barrios Altos.

Pero más allá de la penosa presentación del Estado lo cierto es que antes que Cubas y Vitery suban al avión rumbo a San José, el papelón estaba completamente asegurado ya que el 20 de agosto el Ministerio de Justicia a través de la Procuraduría Supranacional remitió a la Corte Interamericana el Informe Nº 177-2012-JUS/PPES en el cual, en relación a la cuestionada sentencia del 20 de julio, solo se atina a decir que “…es preciso señalar que el Poder Judicial remitirá a esta Procuraduría su posición institucional en lo que respecta a la Ejecutoria Suprema de fecha 20 de julio de 2012 expedida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, la misma que haremos llegar a la Honorable Corte” (página 4). Efectivamente, el día 23 de agosto el Presidente del Poder Judicial César San Martín Castro, hizo llegar al Ministerio de Justicia un documento titulado Posición Institucional del Poder Judicial Peruano respecto al cumplimiento de las medidas de reparación dictadas por Corte Interamericana en el caso Barrios Altos”, en el que sostiene expresamente que “la sentencia del 20.7.12 no supone una violación al cumplimiento de las resoluciones de supervisión de la Corte-IDH”, como también sostiene que la “la sentencia cuestionada cumple rigurosamente con lo dispuesto en el numeral 5 de las resoluciones y recomendaciones de la sentencia de la Corte-IDH de 14 de marzo de 2001” (página 6).

Entonces, aun cuando este documento da cuenta que se ha presentado contra la mencionada sentencia una acción de amparo, de la simple lectura del mismo era muy evidente que la contradicción entre los dos poderes del Estado estaba ya planteada. Lo grave es que en el Ministerio de Justicia nadie hizo nada para evitar que esa confrontación sea nuestra carta de presentación ante la Corte. Es más, el mismo 20 de agosto el Ministerio de Justicia acreditó ante la Corte a Oscar Cubas y Segundo Vitey como agentes del Estado peruano.

La presencia de Nakasaki

Un hecho poco advertido ha sido la presencia en la audiencia de la Corte del abogado del ex presidente Alberto Fujimori, César Nakasaki, quien no solo había solicitado intervenir oralmente –petición que fue denegada por no ser parte del caso internacional- y que terminó presentando un Amicus Curiae o informe jurídico en el que no solo postula una interpretación absolutamente restrictiva de las atribuciones de la Corte Interamericana, sino que, además, se sustenta en un profundo desconocimiento de los principios del derecho internacional, y en el que reconoce que interviene porque patrocina a “…terceros que pueden ser afectados con la ejecución de la resolución que la Corte dicte en el procedimiento de supervisión…”. Su presencia solo expresaba una cosa muy concreta: el muy elevado interés del condenado Fujimori en tener un conocimiento y evaluación –en vivo y en directo- del curso de la audiencia y sobre todo de los efectos de la decisión de la Corte sobre su propia situación legal.

Los cuestionamientos a la sentencia Villa Stein

Es indispensable tener en consideración que la audiencia de seguimiento convocada por la Corte tiene su razón de ser en los severos cuestionamientos que los peticionarios hicimos contra aquella resolución. Las organizaciones de derechos humanos informamos a la Corte de la existencia de graves violaciones al principio de la independencia e imparcialidad perpetradas por el magistrado Villa Stein en la audiencia realizada por la Sala Penal Permanente en la Base Naval del Callao, en la que el mencionado magistrado inclusive realizó acciones propias de la defensa del condenado y no de un juez. De igual modo se dio cuenta del desconocimiento del crimen de Barrios Altos como un crimen de lesa humanidad.

De la misma forma en la presentación se informó a la Corte que la sentencia desconocía las obligaciones contenidas en la sentencia de marzo de 2001 y que podría convertirse en un nuevo mecanismo de impunidad, no solo para el caso Barrios Altos, sino también para otros casos de graves violaciones a los derechos humanos.

Los crímenes de lesa humanidad

Es dudable que el foco de los cuestionamientos estuvo centrado en el capítulo de Crímenes de Lesa Humanidad de la sentencia, que sostiene que la matanza de Barrios Altos no es un delito de lesa humanidad, bajo el increíble argumento de que las víctimas no eran civiles y porque la fiscalía no había cumplido con formular denuncia y acusación por este delito. De esta manera, se demostró cómo la sentencia había introducido elementos aparentemente jurídicos y procesales para descalificar el crimen como uno de lesa humanidad.

Al respecto no solo se cuestionó el contenido de la sentencia, sino que, además, se demostró que la afirmación contenida en el párrafo 162 carecía de sustento jurídico y también se demostró que era una afirmación falsa que el Ministerio Público no haya cumplido con sustentar debidamente que los crímenes por los cuales los integrantes del Destacamento Colina fueron procesados y condenados, eran de lesa humanidad.

En este mismo punto también se informó a la Corte que el contenido del fallo del 20 de julio de 2012, desconocía las sentencias del Tribunal Constitucional peruano que sostienen que los crímenes del destacamento Colina son crímenes de lesa humanidad y también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la dictada en el caso La Cantuta en noviembre de 2006.

La inminente resolución de la Corte Interamericana

Desde nuestro punto de vista en la audiencia del 27, más allá de la lamentable presentación de los procuradores, el dato más importante es que los peticionarios logramos presentar a la Corte Interamericana no solo elementos de información, sino hechos que demuestra que el magistrado Javier Villa Stein y los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Suprema Corte, han comprometido abiertamente la responsabilidad internacional del Estado. Es sobre la base de esa información que la Corte debe resolver y emitir una resolución de cumplimiento de sentencia.

Dispondrá la Corte Interamericana anular la sentencia emitida por la Sala de Villa Stein? Lo que hará es pronunciarse sobre el cumplimiento o no de las obligaciones internacionales del Perú en el caso Barrios Altos y dispondrá que el Estado peruano adopte las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a tales obligaciones. Presumimos que entre los datos que la Corte tomará muy en cuenta es que existe una demanda de amparo interpuesta por el propio Poder Ejecutivo destinada a conseguir la anulación del fallo de la “Sala Villa Stein”.

En consecuencia, en nuestra opinión es inminente que la Corte Interamericana emitirá una resolución en la cual señale que el Estado peruano no ha cumplido con sus obligaciones internacionales y que la sentencia dictada por la Sala Penal Permanente de la Suprema se ha convertido en el principal obstáculo para que se materialice ese cumplimiento de las obligaciones contenidas en la sentencia de marzo de 2001. Además, es muy probable también que se pronuncie sobre la naturaleza del delito, señalando que estamos ante un crimen de lesa humanidad.

Las consecuencias en el Perú: hacia una nueva sentencia

De ser ese el pronunciamiento de la Corte Interamericana, le corresponderá al Estado peruano, por medio del Poder Judicial, establecer los mecanismos más eficaces para hacer cumplir aquellas obligaciones internacionales que señale la Corte. Es en ese momento que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deberán decidir que la vía más eficaz es la anulación de la sentencia del 20 de julio de 2012. El procedimiento no es poca cosa, no sólo porque estamos no solo ante un caso de derechos humanos particularmente emblemático, sino también porque es probable que para que ello ocurra se deberá superar algunas resistencias al interior de la misma Corte Suprema, en especial de aquellos magistrados que firmaron la sentencia. Pero, más allá de eso, el hecho concreto es que el Estado peruano deberá dar cumplimiento a dicha resolución.